En Puerto Rico, la crisis global acentúa la crisis colonial. Nuestra crisis estalló dos años antes que la global, siguiendo su reloj interno. Dada la importancia del gobierno en la economía de Puerto Rico, la crisis se presenta como una crisis fiscal. Ahora que la crisis se ha vuelto más palpable que nunca con el despido de miles de empleados públicos (se espera que se despidan entre 30,000 y 45,000 en total), no podemos simplemente lamentarnos por las opciones que no se tomaron ni acusar al gobierno de Fortuño de estar al servicio incondicional del capital o de tomar políticas neoliberales o mucho menos limitarnos a buscar soluciones inmediatas para los cesanteados. La insensatez no se pelea con pataletas ni con soluciones parciales igualmente insensatas. Tenemos que entender el porqué de la crisis para entender así la insensatez del gobierno de Fortuño y las capacidades que tenemos para hacerle frente. Para ello, debemos tomar en cuenta la organización básica del ELA, en donde se origina esa clase empresarial local que ahora se ve a sí misma, en sus versiones más sofisticadas, como uno de los representantes máximos de los puertorriqueños (ver “Coalición aboga por la economía.” El Nuevo Día, 4 de julio de 2009, p. 33) o, en sus versiones más vulgares, como dueña del país (“Pérez Riera proclama al sector privado dueño de PR.” El Vocero, 19 de junio de 2009).
Los empresarios puertorriqueños siempre han estado a la sombra de los capitalistas extranjeros, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Gracias al ELA lograron desarrollar un poder inusitado, aunque manteniéndose subordinados a los empresarios estadounidenses. Sin embargo, no fueron ellos, sino los profesionales (periodistas, abogados, etc.), formados como administradores coloniales, quienes, ante la crisis del sistema cañero colonial que coincidió con la Gran Depresión, gestaron y desarrollaron el ELA como solución. Los empresarios no estaban en posición de buscar una transformación porque su función en el sistema cañero, aparte de la fracción considerable de participación en el mismo sector cañero, era muy pequeña. Los profesionales, por su parte, se habían formado en el arte de la administración colonial.
Estos profesionales tenían simpatías con la miseria de los trabajadores agrícolas, principalmente porque desde su posición no veían la necesidad de mantener a los trabajadores en condiciones tan precarias. Para reconciliar los intereses de los trabajadores, que para los años 30 estaban movilizados, con los de los capitalistas estadounidenses, de quienes dependían, los líderes del Partido Popular Democrático buscaban elevar la vida de los trabajadores mediante el desarrollo del capitalismo. Aprovecharon también el momento del reformismo luego de la Gran Depresión. Inicialmente, a fines de los 30, apostaron por una estrategia de diversificación que se llegó a implementar en el contexto de la guerra, y pronto adoptaron la estrategia de atracción de empresas por invitación o de fomento de inversiones estadounidenses en industrias de mayor tecnología que la industria cañera de la época. Según llegaran esas industrias, aportarían a la economía nacional demandando bienes y servicios y creando empleos mejor pagados que, a su vez, demandarían más. Según se expandiera el mercado local de esta manera, habría espacio para que los empresarios locales se desarrollaran, con la posibilidad de una economía nacional capitalista que no dependiera de las inversiones. El ELA como estatus político con autonomía dentro del estado estadounidense, pero prácticamente sin representación en éste, encajaba bien con el objetivo de las elites profesionales reformistas. Tendrían el respaldo de ese estado, cuyo objetivo sería desarrollar el capital estadounidense en Puerto Rico, logrando a la vez tener autonomía administrativa para desarrollar el capital local, con el objetivo de beneficiar a todo el país. Ese fomentarismo terminó dándoles mucha fuerza a los empresarios y quitándosela a los trabajadores.
Este tipo de estrategia, aunque pudiera mejorar las condiciones de los trabajadores, no hace nada por remediar la posición subordinada y de explotación, por lo que es sumamente antidemocrática y paternalista. Dejando esto a un lado, la posibilidad de que esta estrategia, que ha sido emulada por otros países coloniales con mayor o menor éxito, logre desarrollar un capitalismo nacional pujante tiene que enfrentarse al gran obstáculo de que los empresarios desarrollados con mucho capital tratarán de impedir que los capitalistas emergentes se desarrollen y puedan quitarle sus ventajas o llegar a competir con ellos. Por esto, los empresarios azucareros, tan temprano como a mediados de los 30, se opusieron tenazmente al proyecto de desarrollo del Plan Chardón pues querían impedir el aumento en costo por salario, que subiría por las presiones que las necesidades del trabajador en una sociedad más rica pondrían sobre el valor de la mano de obra. De hecho, llegaron a torpedear las autoridades o empresas que el gobierno había tratado de desarrollar para los 40. Más tarde, según creció el mercado gracias a las inversiones de los capitales textiles, y luego petroquímicos y farmacéuticos, muchos de los empresarios locales fueron desplazados por empresarios estadounidenses, quienes entraron a los mercados locales con empresas mejor organizadas y con más capacidades y recursos.
La posibilidad de desarrollar un capitalismo local competitivo bajo dicha estrategia depende además de que las elites que dirigen el proceso tengan claro que el fin de la estrategia no es que haya inversiones, sino que se usen las inversiones para el desarrollo local. Así lo han hecho los países que han tenido algún éxito con este tipo de estrategia, pues no atraen cualquier industria para que cree demanda y empleos, sino aquéllas que puedan eslabonarse con las industrias locales, que traigan tecnologías que se puedan aprender y les sean útiles, etc., pero en Puerto Rico, la ofensiva de los capitalistas cañeros al proyecto de desarrollo parece haber acabado con esa visión que tenían las elites. Ya para finales de los 40, con la Operación Manos a la Obra, la estrategia de fomento se convirtió en atraer con subsidios cualquier empresa que no sea agrícola sin coordinar el desarrollo de las empresas locales, brindándoles meramente subsidios de toda índole para que se desarrollaran.
El elemento de competitividad es central al capitalismo porque el hecho de que cada capitalista esté buscando cómo sacar más dinero a partir de su inversión, es lo que lo lleva a desarrollar tecnologías que le permitan al trabajador producir más con el mismo sueldo, aumentando así el valor que el capitalista se apropia cuando vende el producto. Como en el momento que un capitalista es más productivo puede bajar el precio por debajo del costo de sus competidores y arruinarlos mientras sigue teniendo ganancias, todos los capitalistas tienden a buscar mayor productividad. El efecto global de este proceso (cuando no hace crisis de vez en cuando por exceso en producción) es mayor riqueza, o en otras palabras, progreso, incluso para el trabajador, aunque en términos relativos suela ser más pobre.
Sin una estrategia con vistas claras a desarrollar un capitalismo local capaz de competir, y con un capitalista extranjero más fuerte, que en cualquier momento puede quitarle su lugar, el empresario que se cultiva en Puerto Rico tiende a aislarse de la competencia estadounidense e internacional, buscando nichos en los que puedan suplir las necesidades del mercado local evitando comprometer su capital—si es que tienen el suficiente para ello—en en nuevas empresas o incluso en tecnologías que puedan aumentar su productividad pero que no garantizan que no sean desplazados en cualquier momento. Resulta preferible utilizar el capital para especular en capital financiero o buscar otros nichos todavía no ocupados. Tan es así, que casi ninguna de las empresas más grandes del país son manufactureras, mientras que varias son financieras. La mayoría de los pocos empresarios criollos se aglutinan en sectores que están geográficamente protegidos como los de la construcción, la distribución, la prensa, los alimentos, etc. Con todo y la mucha inversión foránea, casi no han surgido empresas manufactureras locales grandes. El resultado de este capitalismo local capado de la competencia es un saqueo en el que hay muy poca inversión que aumente la riqueza nacional (es decir, que expanda considerablemente los medios que tenemos en el país), incluso cuando ésta queda en control de capitalistas locales. (Para un examen de las disparidades entre los capitalistas locales y los extranjeros, ver (en PDF) Ayala, César J. "La formación del capital local en Puerto Rico: 1947 al presente." Revista de Ciencias Sociales, 18 (2008): 104-149 )
Nuestros empresarios, acostumbrados desde temprano a un gobierno dispuesto a ponerle las condiciones, se malcrían todavía más con las soluciones que las elites administrativas buscaron desde temprano ante los primeros signos de desgaste de su miope estrategia de desarrollo. Estos no tardaron en llegar, pues cuando la parte de las inversiones que beneficia a la economía nacional se estabiliza, los empresarios locales, que no innovan, no tienen la fuerza para mantener la economía nacional en expansión, lo cual crea un círculo vicioso al no haber quién esté dispuesto a comprar los nuevos productos y realizar así los rendimientos que el capital debe dar para que el capitalista se sienta motivado a invertir. La solución que han divisado ante el fracaso de su modelo de desarrollo ha sido la construcción, la emisión de deuda y la atracción de más empresas transnacionales. Esto se observa tan temprano como en los años 60, cuando a pesar de que las inversiones aumentaron, lo que se produjo a nivel nacional, sin contar lo que los inversionistas extranjeros ganan (PNB), comenzó a ser menos de todo lo que se produce en el pais (PIB). El gobierno respondió con grandes obras de infraestructura y la atracción de empresas petroquímicas y farmacéuticas una vez las empresas textiles comenzaron a irse en los años 70 gracias al acceso a países con salarios más bajos. Las obras de construcción (que los contratistas han conseguido etiquetar como desarrollo) han ido desparramando carreteras, urbanizaciones y edificios por dondequiera que les sea rentable. Para completar, recientemente se ha hablado de atraer industrias del conocimiento. Además, los políticos han ido llenando el gobierno de empleados públicos para aminorar el problema de la falta de empleos que los empresarios no han podido proveer, y de paso amarrar a esos trabajadores a las viciosas gestiones de sus partidos. El resultado a corto plazo de estas medidas es proveer a los empresarios locales, ya sea directa o indirectamente, con la demanda que necesitan para garantizar la inversión. A largo plazo se crea un tipo de empresario que necesita del gobierno no sólo para mantener su negocio, sino para aumentar su riqueza.
En la medida en que estos empresarios se desarrollan subsidiados por los gobiernos del ELA, van tomando, a la vez, el control del gobierno. Crean grupos de profesionales, quienes, formados en su estilo de empresarismo dependiente del gobierno, defienden y organizan sus gestiones, así como asalariados que dependen de ellos. Ponen a los políticos (desprovistos ahora de una maquinaria de partido, como la que podía hacer frente a aquellos débiles empresarios de antes, dependientes de costosas campañas publicitarias) a su servicio con todo y la maquinaria de los partidos. Por ello logran canalizar la riqueza nacional a sus empresas mediante el recaudo de impuestos y el endeudamiento público que el gobierno después gasta en sus empresas, o mediante los arreglos de las leyes a su conveniencia para conseguir subsidios de todo tipo o aumentar la jornada laboral. Mientras más saquean el país, más fuerza adquieren para seguir saqueándolo.
El problema que crean estos capitalistas manganzones es que necesitan que haya crecimiento para que el gobierno tenga ingresos que los mantengan, pero como el gobierno les da subsidios, no están dispuestos a hacer nada para que la economía crezca. Así nos llevan a la crisis, pues llega el punto en el que ya no es posible endeudar más al gobierno que, para colmo, no puede seguir empleando la gente que los empresarios no emplean. El gobierno no puede cumplir su función para los capitalistas locales, pagar sus deudas a los capitalistas estadounidenses y a la vez emplear alrededor de 1/3 de la fuerza laboral.
Visto así, no podemos limitarnos al neoliberalismo para entender las políticas del gobierno de Foruño. Las medidas tomadas por la administración de Fortuño, en particular, la ley de las Alianzas Público-Privadas (APP) y los despidos masivos, encajan perfectamente en la lógica de nuestros empresarios manganzones, malcriados ya para la época dorada del ELA en el período de la posguerra (para una exposición de otras de las medidas tomadas recientemente ver: Quiñones Pérez, Argeo T. “La marcha de la insensatez.” Claridad, y “Afloran las verdaderas consecuencias y contradicciones del plan Fortuño.” Claridad). Buscan, como siempre, quedarse en sus espacios subordinados respecto a los empresarios estadounidenses, utilizando al gobierno para saquear al país. El gobierno tiene que tener los fondos y los mecanismos para subsidiarlos. Pedirles que corten los gastos del gobierno en contratos sería pedirles que se peguen un tiro en el pie, mientras que pedirles que le pongan impuestos a las multinacionales estadounidenses en vez de al pueblo, o que busquen reducir la deuda es pedirles que entreguen a sus cómplices, los cuales los entregarían a ellos. La única alternativa desde su perspectiva es botar empleados públicos y ser más productivos en la manera que el gobierno les redistribuye la riqueza. Para esto último, las APP son perfectas pues crean o entregan entidades públicas a empresas privadas para la realización de los servicios que antes daba o contrataba el estado. Las empresas en la alianza se quedan con la ganancia que produzcan, sin tener que atender a los viejos convenios con los trabajadores. Más aún, se abren un nicho seguro para su capital acobardado, que estará respaldado por el gobierno, que asumiría el control de la entidad en caso de que no resulte rentable. (Para una explicación de la Ley de las APP ver: Sosa Pascual, Omaya. “Cheque en blanco que puede salir caro.” Centro de Periodismo Investigativo, 1ro de junio de 2009.)
El desarrollo de los empresarios locales va de la mano con la pérdida de las concesiones que los trabajadores habían obtenido con el triunfo del ELA. Si bien la falta de competitividad obliga a nuestros capitalistas a tolerar ineficiencias (no sólo en el gobierno) que serían inauditas en países donde el capital es competitivo, también lo obliga a utilizar la fuerza para echar la economía a correr y despojar al trabajador de lo que tiene. Esto hasta ahora se ha hecho subiendo los impuestos a individuos mientras se bajan los de las corporaciones, probablemente aumentando los precios de los bienes de consumo, cambiando las leyes de la jornada laboral y destruyendo los acuerdos que garantizaban empleos relativamente bien remunerados.
Pensar que hace falta cambiar a los políticos o que el problema es la ideología neoliberal del grupo que gobierna y que lo que hay que hacer es presionar al gobierno para que vuelva a políticas más sensatas, es perder de vista las relaciones de poder en que estamos inmersos. Los empresarios manganzones tienen que buscar la forma de expandir su riqueza y no lo pueden hacer si no es bajo la tutela estadounidense y utilizando al gobierno para quitarnos nuestra pequeña tajada del pastel. La única manera de detenerlos será movilizando una oposición contundente con una manera de producir que se salga del círculo vicioso de depender de la inversión al uipipío y utilizar al gobierno para mantener los empresarios locales.
Utilizar los mecanismos que ya tenemos en el ELA (los partidos, las uniones, las organizaciones, etc. tal y como operan en su mayoría) para tratar de conseguir un liderato más simpatizante con los trabajadores no podría ir muy lejos pues tarde o temprano requeriría de los medios que los empresarios controlan. Peor aún, implicaría que siguiéramos dejándonos llevar por caminos que no nos convienen. Si acaso, nos llevarían a nuevos acuerdos bajo los cambios que los empresarios ya le han hecho al ELA sin retar su posición privilegiada. En vez de tomar el camino de tratar únicamente de conseguir concesiones, hace falta encaminarnos a salir de las condiciones que generan el lidearto manganzón que nos hemos dado.
Los empresarios puertorriqueños siempre han estado a la sombra de los capitalistas extranjeros, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Gracias al ELA lograron desarrollar un poder inusitado, aunque manteniéndose subordinados a los empresarios estadounidenses. Sin embargo, no fueron ellos, sino los profesionales (periodistas, abogados, etc.), formados como administradores coloniales, quienes, ante la crisis del sistema cañero colonial que coincidió con la Gran Depresión, gestaron y desarrollaron el ELA como solución. Los empresarios no estaban en posición de buscar una transformación porque su función en el sistema cañero, aparte de la fracción considerable de participación en el mismo sector cañero, era muy pequeña. Los profesionales, por su parte, se habían formado en el arte de la administración colonial.
Estos profesionales tenían simpatías con la miseria de los trabajadores agrícolas, principalmente porque desde su posición no veían la necesidad de mantener a los trabajadores en condiciones tan precarias. Para reconciliar los intereses de los trabajadores, que para los años 30 estaban movilizados, con los de los capitalistas estadounidenses, de quienes dependían, los líderes del Partido Popular Democrático buscaban elevar la vida de los trabajadores mediante el desarrollo del capitalismo. Aprovecharon también el momento del reformismo luego de la Gran Depresión. Inicialmente, a fines de los 30, apostaron por una estrategia de diversificación que se llegó a implementar en el contexto de la guerra, y pronto adoptaron la estrategia de atracción de empresas por invitación o de fomento de inversiones estadounidenses en industrias de mayor tecnología que la industria cañera de la época. Según llegaran esas industrias, aportarían a la economía nacional demandando bienes y servicios y creando empleos mejor pagados que, a su vez, demandarían más. Según se expandiera el mercado local de esta manera, habría espacio para que los empresarios locales se desarrollaran, con la posibilidad de una economía nacional capitalista que no dependiera de las inversiones. El ELA como estatus político con autonomía dentro del estado estadounidense, pero prácticamente sin representación en éste, encajaba bien con el objetivo de las elites profesionales reformistas. Tendrían el respaldo de ese estado, cuyo objetivo sería desarrollar el capital estadounidense en Puerto Rico, logrando a la vez tener autonomía administrativa para desarrollar el capital local, con el objetivo de beneficiar a todo el país. Ese fomentarismo terminó dándoles mucha fuerza a los empresarios y quitándosela a los trabajadores.
Este tipo de estrategia, aunque pudiera mejorar las condiciones de los trabajadores, no hace nada por remediar la posición subordinada y de explotación, por lo que es sumamente antidemocrática y paternalista. Dejando esto a un lado, la posibilidad de que esta estrategia, que ha sido emulada por otros países coloniales con mayor o menor éxito, logre desarrollar un capitalismo nacional pujante tiene que enfrentarse al gran obstáculo de que los empresarios desarrollados con mucho capital tratarán de impedir que los capitalistas emergentes se desarrollen y puedan quitarle sus ventajas o llegar a competir con ellos. Por esto, los empresarios azucareros, tan temprano como a mediados de los 30, se opusieron tenazmente al proyecto de desarrollo del Plan Chardón pues querían impedir el aumento en costo por salario, que subiría por las presiones que las necesidades del trabajador en una sociedad más rica pondrían sobre el valor de la mano de obra. De hecho, llegaron a torpedear las autoridades o empresas que el gobierno había tratado de desarrollar para los 40. Más tarde, según creció el mercado gracias a las inversiones de los capitales textiles, y luego petroquímicos y farmacéuticos, muchos de los empresarios locales fueron desplazados por empresarios estadounidenses, quienes entraron a los mercados locales con empresas mejor organizadas y con más capacidades y recursos.
La posibilidad de desarrollar un capitalismo local competitivo bajo dicha estrategia depende además de que las elites que dirigen el proceso tengan claro que el fin de la estrategia no es que haya inversiones, sino que se usen las inversiones para el desarrollo local. Así lo han hecho los países que han tenido algún éxito con este tipo de estrategia, pues no atraen cualquier industria para que cree demanda y empleos, sino aquéllas que puedan eslabonarse con las industrias locales, que traigan tecnologías que se puedan aprender y les sean útiles, etc., pero en Puerto Rico, la ofensiva de los capitalistas cañeros al proyecto de desarrollo parece haber acabado con esa visión que tenían las elites. Ya para finales de los 40, con la Operación Manos a la Obra, la estrategia de fomento se convirtió en atraer con subsidios cualquier empresa que no sea agrícola sin coordinar el desarrollo de las empresas locales, brindándoles meramente subsidios de toda índole para que se desarrollaran.
El elemento de competitividad es central al capitalismo porque el hecho de que cada capitalista esté buscando cómo sacar más dinero a partir de su inversión, es lo que lo lleva a desarrollar tecnologías que le permitan al trabajador producir más con el mismo sueldo, aumentando así el valor que el capitalista se apropia cuando vende el producto. Como en el momento que un capitalista es más productivo puede bajar el precio por debajo del costo de sus competidores y arruinarlos mientras sigue teniendo ganancias, todos los capitalistas tienden a buscar mayor productividad. El efecto global de este proceso (cuando no hace crisis de vez en cuando por exceso en producción) es mayor riqueza, o en otras palabras, progreso, incluso para el trabajador, aunque en términos relativos suela ser más pobre.
Sin una estrategia con vistas claras a desarrollar un capitalismo local capaz de competir, y con un capitalista extranjero más fuerte, que en cualquier momento puede quitarle su lugar, el empresario que se cultiva en Puerto Rico tiende a aislarse de la competencia estadounidense e internacional, buscando nichos en los que puedan suplir las necesidades del mercado local evitando comprometer su capital—si es que tienen el suficiente para ello—en en nuevas empresas o incluso en tecnologías que puedan aumentar su productividad pero que no garantizan que no sean desplazados en cualquier momento. Resulta preferible utilizar el capital para especular en capital financiero o buscar otros nichos todavía no ocupados. Tan es así, que casi ninguna de las empresas más grandes del país son manufactureras, mientras que varias son financieras. La mayoría de los pocos empresarios criollos se aglutinan en sectores que están geográficamente protegidos como los de la construcción, la distribución, la prensa, los alimentos, etc. Con todo y la mucha inversión foránea, casi no han surgido empresas manufactureras locales grandes. El resultado de este capitalismo local capado de la competencia es un saqueo en el que hay muy poca inversión que aumente la riqueza nacional (es decir, que expanda considerablemente los medios que tenemos en el país), incluso cuando ésta queda en control de capitalistas locales. (Para un examen de las disparidades entre los capitalistas locales y los extranjeros, ver (en PDF) Ayala, César J. "La formación del capital local en Puerto Rico: 1947 al presente." Revista de Ciencias Sociales, 18 (2008): 104-149 )
Nuestros empresarios, acostumbrados desde temprano a un gobierno dispuesto a ponerle las condiciones, se malcrían todavía más con las soluciones que las elites administrativas buscaron desde temprano ante los primeros signos de desgaste de su miope estrategia de desarrollo. Estos no tardaron en llegar, pues cuando la parte de las inversiones que beneficia a la economía nacional se estabiliza, los empresarios locales, que no innovan, no tienen la fuerza para mantener la economía nacional en expansión, lo cual crea un círculo vicioso al no haber quién esté dispuesto a comprar los nuevos productos y realizar así los rendimientos que el capital debe dar para que el capitalista se sienta motivado a invertir. La solución que han divisado ante el fracaso de su modelo de desarrollo ha sido la construcción, la emisión de deuda y la atracción de más empresas transnacionales. Esto se observa tan temprano como en los años 60, cuando a pesar de que las inversiones aumentaron, lo que se produjo a nivel nacional, sin contar lo que los inversionistas extranjeros ganan (PNB), comenzó a ser menos de todo lo que se produce en el pais (PIB). El gobierno respondió con grandes obras de infraestructura y la atracción de empresas petroquímicas y farmacéuticas una vez las empresas textiles comenzaron a irse en los años 70 gracias al acceso a países con salarios más bajos. Las obras de construcción (que los contratistas han conseguido etiquetar como desarrollo) han ido desparramando carreteras, urbanizaciones y edificios por dondequiera que les sea rentable. Para completar, recientemente se ha hablado de atraer industrias del conocimiento. Además, los políticos han ido llenando el gobierno de empleados públicos para aminorar el problema de la falta de empleos que los empresarios no han podido proveer, y de paso amarrar a esos trabajadores a las viciosas gestiones de sus partidos. El resultado a corto plazo de estas medidas es proveer a los empresarios locales, ya sea directa o indirectamente, con la demanda que necesitan para garantizar la inversión. A largo plazo se crea un tipo de empresario que necesita del gobierno no sólo para mantener su negocio, sino para aumentar su riqueza.
En la medida en que estos empresarios se desarrollan subsidiados por los gobiernos del ELA, van tomando, a la vez, el control del gobierno. Crean grupos de profesionales, quienes, formados en su estilo de empresarismo dependiente del gobierno, defienden y organizan sus gestiones, así como asalariados que dependen de ellos. Ponen a los políticos (desprovistos ahora de una maquinaria de partido, como la que podía hacer frente a aquellos débiles empresarios de antes, dependientes de costosas campañas publicitarias) a su servicio con todo y la maquinaria de los partidos. Por ello logran canalizar la riqueza nacional a sus empresas mediante el recaudo de impuestos y el endeudamiento público que el gobierno después gasta en sus empresas, o mediante los arreglos de las leyes a su conveniencia para conseguir subsidios de todo tipo o aumentar la jornada laboral. Mientras más saquean el país, más fuerza adquieren para seguir saqueándolo.
El problema que crean estos capitalistas manganzones es que necesitan que haya crecimiento para que el gobierno tenga ingresos que los mantengan, pero como el gobierno les da subsidios, no están dispuestos a hacer nada para que la economía crezca. Así nos llevan a la crisis, pues llega el punto en el que ya no es posible endeudar más al gobierno que, para colmo, no puede seguir empleando la gente que los empresarios no emplean. El gobierno no puede cumplir su función para los capitalistas locales, pagar sus deudas a los capitalistas estadounidenses y a la vez emplear alrededor de 1/3 de la fuerza laboral.
Visto así, no podemos limitarnos al neoliberalismo para entender las políticas del gobierno de Foruño. Las medidas tomadas por la administración de Fortuño, en particular, la ley de las Alianzas Público-Privadas (APP) y los despidos masivos, encajan perfectamente en la lógica de nuestros empresarios manganzones, malcriados ya para la época dorada del ELA en el período de la posguerra (para una exposición de otras de las medidas tomadas recientemente ver: Quiñones Pérez, Argeo T. “La marcha de la insensatez.” Claridad, y “Afloran las verdaderas consecuencias y contradicciones del plan Fortuño.” Claridad). Buscan, como siempre, quedarse en sus espacios subordinados respecto a los empresarios estadounidenses, utilizando al gobierno para saquear al país. El gobierno tiene que tener los fondos y los mecanismos para subsidiarlos. Pedirles que corten los gastos del gobierno en contratos sería pedirles que se peguen un tiro en el pie, mientras que pedirles que le pongan impuestos a las multinacionales estadounidenses en vez de al pueblo, o que busquen reducir la deuda es pedirles que entreguen a sus cómplices, los cuales los entregarían a ellos. La única alternativa desde su perspectiva es botar empleados públicos y ser más productivos en la manera que el gobierno les redistribuye la riqueza. Para esto último, las APP son perfectas pues crean o entregan entidades públicas a empresas privadas para la realización de los servicios que antes daba o contrataba el estado. Las empresas en la alianza se quedan con la ganancia que produzcan, sin tener que atender a los viejos convenios con los trabajadores. Más aún, se abren un nicho seguro para su capital acobardado, que estará respaldado por el gobierno, que asumiría el control de la entidad en caso de que no resulte rentable. (Para una explicación de la Ley de las APP ver: Sosa Pascual, Omaya. “Cheque en blanco que puede salir caro.” Centro de Periodismo Investigativo, 1ro de junio de 2009.)
El desarrollo de los empresarios locales va de la mano con la pérdida de las concesiones que los trabajadores habían obtenido con el triunfo del ELA. Si bien la falta de competitividad obliga a nuestros capitalistas a tolerar ineficiencias (no sólo en el gobierno) que serían inauditas en países donde el capital es competitivo, también lo obliga a utilizar la fuerza para echar la economía a correr y despojar al trabajador de lo que tiene. Esto hasta ahora se ha hecho subiendo los impuestos a individuos mientras se bajan los de las corporaciones, probablemente aumentando los precios de los bienes de consumo, cambiando las leyes de la jornada laboral y destruyendo los acuerdos que garantizaban empleos relativamente bien remunerados.
Pensar que hace falta cambiar a los políticos o que el problema es la ideología neoliberal del grupo que gobierna y que lo que hay que hacer es presionar al gobierno para que vuelva a políticas más sensatas, es perder de vista las relaciones de poder en que estamos inmersos. Los empresarios manganzones tienen que buscar la forma de expandir su riqueza y no lo pueden hacer si no es bajo la tutela estadounidense y utilizando al gobierno para quitarnos nuestra pequeña tajada del pastel. La única manera de detenerlos será movilizando una oposición contundente con una manera de producir que se salga del círculo vicioso de depender de la inversión al uipipío y utilizar al gobierno para mantener los empresarios locales.
Utilizar los mecanismos que ya tenemos en el ELA (los partidos, las uniones, las organizaciones, etc. tal y como operan en su mayoría) para tratar de conseguir un liderato más simpatizante con los trabajadores no podría ir muy lejos pues tarde o temprano requeriría de los medios que los empresarios controlan. Peor aún, implicaría que siguiéramos dejándonos llevar por caminos que no nos convienen. Si acaso, nos llevarían a nuevos acuerdos bajo los cambios que los empresarios ya le han hecho al ELA sin retar su posición privilegiada. En vez de tomar el camino de tratar únicamente de conseguir concesiones, hace falta encaminarnos a salir de las condiciones que generan el lidearto manganzón que nos hemos dado.
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