"El PPD promueve un pacto renovado que afirme indudablemente que el Estado Libre Asociado es soberano en asuntos regidos por su Constitución" (énfasis suplido), indicó Héctor Ferrer el 15 de junio en una ponencia que presentó ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Como podrán ver en el post anterior a este, no nos sorprende que a eso se dirigiera Ferrer con la “soberanía popular”, pero la cosa parece ser hasta peor de lo que pensábamos.
Ahora, la soberanía de los puertorriqueños se limitaría a los asuntos regidos por la Constitución del Estado Libre Asociado, es decir, todos aquellos asuntos regidos por las leyes y regulaciones de los Estados Unidos estarían fuera del alcance de nuestros "poderes soberanos". El objetivo del "pacto renovado" sería simplemente dejar claro que en cuanto a aquellas áreas controladas por nuestro ordenamiento constitucional interno (por ejemplo, el funcionamiento de nuestro sistema electoral, los procesos mediante los cuales se adoptan leyes y reglamentos en Puerto Rico y la concesión de permisos), Estados Unidos no puede inmiscuirse. Ya ni siquiera se trata de libre asociación, sino de que Estados Unidos respete los poderes de Puerto Rico bajo la Constitución del Estado Libre Asociado (en otras palabras, que el juez Domínguez no pueda invalidar los pivazos, que el Tribunal Federal no pueda fijar el precio de la leche, en fin, que el ELA funcione 'como Dios manda').
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