La nueva propuesta del Partido Popular Democrático respecto al status: enmendar la Ley de Relaciones Federales a los efectos de eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje y permitirle al gobierno de la Isla celebrar tratados comerciales con otros gobiernos (las enmiendas pueden accesarse aquí y aquí). Es sorprendente que los sectores anti-colonialistas en Puerto Rico no hayan rechazado dicha propuesta inmediatamente. Aunque la propuesta no ha logrado capturar la atención de los medios y mucho menos del pueblo, es importante entender el significado de la misma y su relación con el discurso soberanista dentro del PPD.
La Ley de Relaciones Federales (Puerto Rico-Federal Relations Act of 1950) es la ley estadounidense que regula las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos (creada a través de la Ley 600, que no hizo otra cosa sino llamarle "Puerto Rico-Federal Relations Act" a la antigua Ley Jones con algunas enmiendas). Al igual que sus predecesoras, la Ley Foraker y la Ley Jones, dicha ley constituye la base jurídica del colonialismo en Puerto Rico. La misma establece, en su Artículo 9, que cada una de las leyes adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos aplica en Puerto Rico (a menos que no sea “localmente inaplicable”, excepción que carece de efectos prácticos). Es decir, en términos legales, el hecho de que hoy día aplique en Puerto Rico, por ejemplo, el Patriot Act y el Federal Death Penalty Act of 1994, se debe a la existencia del artículo antes mencionado.
Por supuesto, no es la primera vez en la historia que una colonia solicita al imperio la modificación de los estatutos que regulan la relación colonial. Varias de las antiguas colonias británicas, como Canadá, Nueva Zelandia, y Australia, advinieron a la independencia gradualmente, a través de la modificación del aparato jurídico que mantenía la supremacía del Parlamento Británico sobre sus territorios. El primer paso para la eliminación gradual del colonialismo fue, obviamente, el compromiso del Parlamento Británico a no adoptar leyes que aplicaran en sus colonias, excepto si la (ex)-colonia se lo solicitara . En el caso de Canadá, por ejemplo, esa determinación ocurrió en 1867 y culminó con la adopción del Statute of Westminster en 1931.
Sin embargo, la propuesta del PPD (increíblemente, presentada en pleno Siglo XXI) dejaría intacto el Artículo 9 y supondría, por lo tanto, que cada vez que el Congreso de Estados Unidos adopte una ley y el Presidente la firme, cada puertorriqueño estaría obligado a obedecerla. Por supuesto, la mera idea de solicitarle a Estados Unidos que enmiende la Ley de Relaciones Federales para darnos 'más poderes' constituye una legitimación del colonialismo que debe ser rechazada. Pero aun si dicha estrategia se asume como aceptable, cualquier propuesta de esa índole que no venga acompañada de la eliminación del Artículo 9 merece el rechazo de los sectores anti-colonialistas en Puerto Rico.
Es interesante que el sector 'soberanista' del PPD permanezca en silencio ante la nueva propuesta de su partido. En cierto modo, dicho silencio no es sorprendente, pues las enmiendas propuesas por el PPD son consistentes con la lógica del Estado Libre Asociado Soberano defendido por ese sector. Es decir, que Puerto Rico retenga una serie de poderes (el hacer tratados comerciales y el no tener que utilizar la marina mercante de Estados Unidos), y le delegue a Estados Unidos una serie de competencias (en este caso, el poder de adoptar leyes que apliquen a la Isla).
La Ley de Relaciones Federales (Puerto Rico-Federal Relations Act of 1950) es la ley estadounidense que regula las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos (creada a través de la Ley 600, que no hizo otra cosa sino llamarle "Puerto Rico-Federal Relations Act" a la antigua Ley Jones con algunas enmiendas). Al igual que sus predecesoras, la Ley Foraker y la Ley Jones, dicha ley constituye la base jurídica del colonialismo en Puerto Rico. La misma establece, en su Artículo 9, que cada una de las leyes adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos aplica en Puerto Rico (a menos que no sea “localmente inaplicable”, excepción que carece de efectos prácticos). Es decir, en términos legales, el hecho de que hoy día aplique en Puerto Rico, por ejemplo, el Patriot Act y el Federal Death Penalty Act of 1994, se debe a la existencia del artículo antes mencionado.
Por supuesto, no es la primera vez en la historia que una colonia solicita al imperio la modificación de los estatutos que regulan la relación colonial. Varias de las antiguas colonias británicas, como Canadá, Nueva Zelandia, y Australia, advinieron a la independencia gradualmente, a través de la modificación del aparato jurídico que mantenía la supremacía del Parlamento Británico sobre sus territorios. El primer paso para la eliminación gradual del colonialismo fue, obviamente, el compromiso del Parlamento Británico a no adoptar leyes que aplicaran en sus colonias, excepto si la (ex)-colonia se lo solicitara . En el caso de Canadá, por ejemplo, esa determinación ocurrió en 1867 y culminó con la adopción del Statute of Westminster en 1931.
Sin embargo, la propuesta del PPD (increíblemente, presentada en pleno Siglo XXI) dejaría intacto el Artículo 9 y supondría, por lo tanto, que cada vez que el Congreso de Estados Unidos adopte una ley y el Presidente la firme, cada puertorriqueño estaría obligado a obedecerla. Por supuesto, la mera idea de solicitarle a Estados Unidos que enmiende la Ley de Relaciones Federales para darnos 'más poderes' constituye una legitimación del colonialismo que debe ser rechazada. Pero aun si dicha estrategia se asume como aceptable, cualquier propuesta de esa índole que no venga acompañada de la eliminación del Artículo 9 merece el rechazo de los sectores anti-colonialistas en Puerto Rico.
Es interesante que el sector 'soberanista' del PPD permanezca en silencio ante la nueva propuesta de su partido. En cierto modo, dicho silencio no es sorprendente, pues las enmiendas propuesas por el PPD son consistentes con la lógica del Estado Libre Asociado Soberano defendido por ese sector. Es decir, que Puerto Rico retenga una serie de poderes (el hacer tratados comerciales y el no tener que utilizar la marina mercante de Estados Unidos), y le delegue a Estados Unidos una serie de competencias (en este caso, el poder de adoptar leyes que apliquen a la Isla).
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