Unas Preguntitas sobre el ELA Soberano

El siguiente artículo fue escrito por Joel Colón Ríos y publicado en el Claridad en marzo de 2010.

He leído con interés el artículo del Lcdo. Ramón Luis Nieves, titulado “Desenredando al Enredado”, publicado en respuesta a un artículo escrito por mí (“Los Enredos del ELA Que Queremos (Y Cómo Evitarlos)”, Claridad, Edición 2971, página 37). Quisiera brevemente referirme a algunos de sus planteamientos, en aras de que poco a poco se vaya aclarando la concepción de la soberanía defendida tanto por el licenciado Nieves como por algunos proponentes de la libre asociación. A mi juicio, sólo así se haría posible una alianza entre ese sector y el movimiento independentista. Sin embargo, como las preguntas y respuestas están de moda, y como aparentemente soy yo el que ando enredado, me gustaría limitarme a hacerle al Lcdo. Nieves unas preguntitas sobre su concepción de la soberanía y del ELA Soberano.

Parte 2: "Los enredos del ELA que Queremos (y cómo evitarlos)"

Este artículo fue escrito por Joel Colón Ríos y publicado en la edición de Claridad del 4 febrero de 2010. Lo hemos dividido en dos partes.

¿Cómo definir entonces la soberanía? Sugiero la siguiente definición, que es simplemente una manera más sencilla de expresar la idea contenida en la definición utilizada hasta ahora por independentistas y libre-asociacionistas, pero tiene la virtud de dejar menos espacio para la confusión y la demagogia. Soberanía es la facultad de estar sometido solamente a las leyes creadas por uno mismo. Así, un país es soberano si tiene el poder exclusivo de legislar para su territorio. ésta no es para nada una definición novel, es de hecho la manera que juristas alrededor del mundo utilizan para distinguir entre colonias y países soberanos. Preguntarse si Japón es o no soberano es preguntarse si en Japón aplican o no aplican las leyes adoptadas por la legislatura de otro país. De igual forma, la descolonización (en el sentido legal) es usualmente definida como la transferencia total de los poderes legislativos del ex-imperio a la ex-colonia. En ese sentido, para ser soberano no basta haberse organizado políticamente sin intervención extranjera, sino que el producto de ese acto de organización política tiene que ser consistente con la idea de soberanía, con el principio de estar sometido solamente a las leyes creadas por uno mismo.

Parte 1: "Los enredos de El ELA que Queremos (y cómo evitarlos)"

Este artículo fue escrito por Joel Colón Ríos y publicado en la edición de Claridad del 4 febrero de 2010. Lo hemos dividido en dos partes.

La reciente publicación de El ELA que Queremos ha creado una crisis en el llamado movimiento “soberanista”. El planteamiento de su autor, el Lcdo. Ramón Luis Nieves, de que en un Puerto Rico soberano seguirían aplicando “leyes y reglamentos federales”, así como operando en la isla agencias y tribunales estadounidenses, le ha caído como un balde de agua fría a aquellos que apostaban a una alianza entre los “soberanistas” del PPD y el movimiento independentista. A pesar de que es obvio que hay una confusión muy grande en el uso del concepto de “soberanía” por el Lcdo. Nieves, aún no se ha identificado con precisión la raíz del problema. Es decir, ¿qué es lo que le permite al Lcdo. Nieves ser “soberanista” y colonialista a la misma vez, sin ni siquiera darse cuenta de que hay algo extraño en sus argumentos?

La "Nueva" Resolución de la Junta de Gobierno del PPD

La Resolución de la Junta de Gobierno del PPD del pasado 18 de enero no debe sorprender a nadie. No sólo ya hacía tiempo que el liderato de ese partido venía dando claras señales de sus aspiraciones en cuanto al estatus de Puerto Rico, sino que por la extrema ambiguedad con que el concepto de "soberanía" se había venido manejando por todas las estructuras del PPD (incluyendo la famosa Resolución de la Asamblea General en el 2008), resultaba más que obvia la ausencia de un interés genuino por ponerle final a nuestra situación colonial (para una discusión, ver aquí y aquí). Si a eso le sumamos la visión del ELA Soberano recientemente defendida por uno de los principales ideólogos del "ala soberanista" de ese partido en El ELA que Queremos (un ELA "Soberano" en el cual aplicarían en Puerto Rico leyes y reglamentos federales, y operarían en la isla agencias y tribunales estadounidenses), y el apoyo de la delegación popular a la Resolución 861 del Senado, la determinación de la Junta de Gobierno aparece simplemente como una de las más recientes y conservadoras de una serie de expresiones a favor del colonialismo.

Las Leyes Federales en la Libre Asociación

Una de las críticas que le hemos hecho al concepto de soberanía que manejan proponentes del ELA Soberano y de la Libre Asociación, es que el mismo es consistente con la aplicación de leyes de los Estados Unidos en Puerto Rico. Como hemos señalado aquí y aquí, la llamada "delegación de competencias" que defienden los "soberanistas" no es otra cosa que la aplicación de leyes federales en Puerto Rico sobre determinados asuntos. La aplicación de las leyes del imperio en las colonias es la manifestación básica del colonialismo clásico. De hecho, la descolonización (en el sentido legal) es frecuentemente definida como la completa transferencia de los poderes legislativos del imperio a la ex-colonia.

¿Es la libre asociación superior a la independencia?

Los que están dispuestos a defender la libre asociación y la “delegación de competencias” a Estados Unidos, no han explicado porqué esa opción es superior a la independencia. No basta con simplemente decir, como dicen muchos, que la libre asociación 'refleja mejor las aspiraciones históricas de nuestro pueblo'. Dicha respuesta, además de no constituir argumento alguno a favor de la conveniencia de la libre asociación, olvida que esas “aspiraciones históricas” (si es que verdaderamente coincidieran con un reclamo de libre asociación), no se desarrollan en un vacío, sino que son el producto de relaciones complejas, que incluyen al propio colonialismo y a las posturas de los líderes políticos en los que el pueblo ha confiado en determinados momentos. El que la libre asociación sea más viable que la independencia en términos electorales es simplemente la enunciación de un hecho empírico, de una cosa aparente, pero no dice nada a favor de esta fórmula política. Por ejemplo, el hecho de que en algún momento pareciera obvio que una parte considerable del pueblo aspirara a una dictadura militar, no constituiría una razón para nosotros apoyar la dictadura ni para decir que la dictadura es superior a la democracia. Por el contrario, sería una razón urgente para, a través del trabajo de base, intentar movilizar a la población hacia otras posiciones políticas. Y, por supuesto, esa debería ser la prioridad del movimiento independentista.

De Alianzas y Congresos Pro Independencia

Poco a poco la idea de convocar un Tercer Congreso Pro Independencia va tomando fuerza entre algunos grupos independentistas. Según Carlos Gallisá, uno de sus principales proponentes (entre estos también se encuentran Noel Colón Martínez y Juan Mari Brás), el Tercer Congreso tiene como uno de sus objetivos principales “trabajar alianzas con sectores mas allá del independentismo, entiéndase los soberanistas del PPD, las organizaciones comunales, ambientales y otras que viabilicen un plan de acción conjunto que sirva de base para la tan necesaria oposición en un frente amplio descolonizador y de justicia social” (ver aquí).

Presentado como secuela histórica a los Congresos Pro Independencia de 1943 y 1944, es innegable que esta iniciativa tiene como mínimo el potencial de crear gran entusiasmo entre el movimiento independentista. Quisieramos referirnos brevemente a la idea de las alianzas, en particular la propuesta alianza con "los soberanistas del PPD”, la cual ocupa un lugar prominente en la mayoría de las propuestas sobre el Tercer Congreso Pro Independencia. Debemos dejar claro, para comenzar, que no estamos en contra de las alianzas políticas. Por el contrario, creemos que las mismas siempre han sido importantes en la consolidación de movimientos de izquierda, como ha quedado demostrado recientemente en América Latina. No obstante, entendemos que para que un acuerdo político pueda calificarse de alianza, debe por los menos tener dos características principales.

Primero, para todos los efectos prácticos, una alianza debe resultar en la creación de una entidad distinta a los movimientos políticos que la componen. En Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio está compuesto de más de una decena de partidos o agrupaciones políticas. En las elecciones de 1932 en Puerto Rico, el Partido Socialista y el Partido Unión Republicana alcanzaron la mayoría legislativa a través de una alianza conocida como La Coalición (que por supuesto, no era una alianza particularmente progresista). Más recientemente, el Nuevo Movimiento Independentista y el Congreso Nacional Hostosiano conformaron el MINH (Movimiento Independentista Nacional Hostosiano). Pero al menos hasta este momento, los acercamientos entre los independentistas y los soberanistas del PPD se reducen a que los primeros voten por los candidatos de ese partido en las elecciones. Ese fue el caso, por ejemplo, del proceso electoral del 2008. Por supuesto, lo que ocurrió en el 2008 no puede calificarse de “alianza”, sino de un ejemplo de como un partido político fue efectivo en su estrategia de atraer votos de personas no afiliadas al mismo. Una verdadera alianza entre independentistas y soberanistas (si es que esto fuese conveniente, lo cual consideraremos a continuación), requeriría que estos últimos estén dispuestos o a abandonar el PPD y crear junto a los que favorecen la independencia otra agrupación política, o a subordinar el PPD a las directrices de una entidad nueva (que estaría también dirigida por independentistas). Ambas posibilidades son en extremo improbables: si algo han demostrado los llamados “soberanistas” del PPD es su profunda lealtad al partido (hasta el punto de que han llegado a imaginarse que el PPD ha sido “soberanista” desde la década del 50', ver aquí).

La segunda característica que debe tener un acuerdo político para poder calificarse de alianza, es que el mismo debe avanzar los intereses de cada una de las agrupaciones que lo conforman. El principal interés de los “soberanistas del PPD” es obtener la libre asociación, y el de los independentistas es obtener la independencia (o cuando menos adelantar la independencia). A primera impresión parecería haber una importante coincidencia que justificaría el intento de establecer una alianza: después de todo, ambos grupos apoyan el que Puerto Rico se convierta en un país soberano. Sin embargo, como hemos explicado en otras ocasiones, la “soberanía” de los defensores de la libre asociación ni siquiera satisface los criterios mínimos de la soberanía en el sentido jurídico y mucho menos se acerca a los objetivos de lo que hemos llamado soberanía plena (ver aquí y aquí). Además, aunque parecería evidente que la libre asociación está más cerca de la independencia que el actual Estado Libre Asociado, y por lo tanto apoyar la libre asociación adelanta la independencia, hay fuertes indicios de lo contario. En particular, la soberanía bajo la libre asociación legitimaría la subordinación política de Puerto Rico a Estados Unidos. En otras palabras, el ejercicio de poder de los Estados Unidos en Puerto Rico (las llamadas “competencias” que se le delegarían a ese país a través de un tratado de libre asociación) ya no sería visto como una práctica imperial, sino como la manifestación jurídica del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño conforme al derecho internacional. Cuando a esto se le suma el proyecto económico que comparten los proponentes de la libre asociación, es decir, el participar más de lleno en el mercado capitalista internacional a través del poder de entablar tratados comerciales para crear empleos “atrayendo” corporaciones multinacionales a la isla, toda posibilidad de soberanía plena se desvanece.

Si bien el Tercer Congreso Pro Independencia es una iniciativa interesante, su principal objetivo no puede ser el entablar alianzas con "los soberanistas del PPD”. El Tercer Congreso debería buscar maneras de fortalecer el trabajo de base, de abrir nuevas posibilidades para que el apoyo a la independencia surga desde abajo. En ese sentido, el promover alianzas con organizaciones comunales y ambientales es sin duda un paso en la dirección correcta. Los independentistas no podemos tener como objetivo lograr que el liderato del PPD (que como partido político tiene una base sólida) apoye la libre asociación, sino desarrollar las condiciones para que el pueblo vea en la independencia la posibilidad real de resolver sus problemas.