Nota: Artículo escrito por Argeo Quiñones y publicado originalmente en http://www.80grados.net/
La realidad mágica-trágica de este país no tiene límites. La ensarta de sorpresas, primero todas malas y ahora, de repente, buenas, continua asombrando. Aparentemente la crisis desapareció. Se declaran las fiestas y comienza el NaviFest 2010. Mientras disfruta de vacaciones familiares fuera del país, el primer ejecutivo proclama: “Queremos que los puertorriqueños vuelvan a vivir las tradiciones del pasado durante un periodo de tregua y unidad familiar”.
¿Cómo es posible hablar de tregua cuando existe una ingeniería social que promueve las condiciones para la crisis y luego la utiliza para implantar política de restructuración económica y social que la intensifica aun más, con el solo propósito de adelantar intereses específicos de ciertos sectores sociales minoritarios, inicialmente representados en el CAREF?
El proceso de restructuración puesto en marcha tiene como táctica principal el elemento sorpresa. Es la terapia de shock como le llama Naomi Klein, y que en ciertas escuelas de pensamiento económico se promueve como el medio más efectivo de implantar política de ajustes severos al no darle tiempo a las partes afectadas de anticipar y prepararse para neutralizar sus efectos. La estrategia inicial de tirarlo todo de cantazo, como en los primeros días de marzo de 2009 cuando atragantaron la aprobación de la ley #7, fue sustituida por una más sofisticada que distribuye selectivamente las iniciativas a través del tiempo, arropadas por un manto de secretividad, elaboradas fuera del ámbito de las instituciones públicas y aprobadas por vía de descargue en la legislatura, aprovechando momentos en que la guardia de la oposición se haya en baja. Tregua, ¿qué tregua?
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por obstaculizar y negar el acceso a la información, limitar el tiempo de respuesta y vedar los canales institucionales para el dialogo, los debates y la presentación de propuestas alternativas, la propia coyuntura demuestra que el conjunto de la política económica puesta en marcha y por implantar, especialmente los dos proyectos emblemáticos, la reforma contributiva y la vía “verde”, lejos de representar motivo para celebrar son motivo de gran preocupación y merecen la más tenaz oposición y escrutinio. La sorpresa burda y ramplona ha sido lanzar el “NaviFest 2010″ en esta tregua artificial a la vez que presentan el voluminoso proyecto para un nuevo código de rentas internas y la DIA revisada para el gasoducto.
Con la experiencia acumulada en este país durante décadas resulta difícil creer que la mal llamada vía “verde” no seguirá el camino de la mayor parte de las grandes obras de gobierno, de los proyectos mesiánicos que en determinado momento se nos presentaron como tablas salvadoras para la economía, pero que al final quedaron como ejemplos de negligencia ambiental criminal, evasión contributiva, corrupción, desperdicio de recursos y gran menos precio por el país y sus instituciones.
Las ruinas de la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) -así como otros complejos de refinerías de petróleo y petroquímicas de esa época- permanecen como lanceta mohosa para la vista en uno de los lugares más bellos y contaminados en Puerto Rico. Cabe señalar que, esta empresa ha operado por más de veinte años bajo el amparo de la ley de quiebras, sin asumir plenamente responsabilidad contributiva. Hace poco más de un año que la Caribbean Petroleum Company (CAPECO) creara uno de los peores desastres ambientales para luego acogerse a la quiebra y dejar de pagar contribuciones por segunda vez en menos de diez años. Hablamos de cerca de $150 millones en contribuciones pérdidas para el erario, y ahora, como estocada final y quien sabe que más, CAPECO intenta dejar en la bancarrota a 116 detallistas y sus empleados de las gasolineras Gulf.
Con fuentes infinitas de energía renovable a la mano y las tecnologías disponibles para el uso efectivo de las mismas, no tiene sentido mantener al país amarrado a fuentes de energía de orígenes fósiles y finitas. Claro, a menos que se trate de la deuda pública que representa la AEE con $5,858 millones a diciembre de 2009, la segunda mayor entre corporaciones públicas luego de la Autoridad de Carreteras y Transportes. Esa cantidad nutre un consorcio monopolista, financiero, industrial, comercial y burocrático de exportadores, importadores, suplidores, distribuidores, generadores, bonistas, administradores de carteras de inversión, brokers, emisores de bonos y otros componentes, que no quieren permitir que Puerto Rico se libere de la dependencia energética mediante sistemas de energía renovable, autónomos y sostenibles, por que representan gestiones que, como dirían los asesores, “afectarían el flujo de efectivo de la corporación y su capacidad para servir la deuda”. En todo caso corresponde considerar porque el costo promedio del kilovatio hora al detalle en los Estados Unidos continental fue de 9.86 centavos en 2009 mientras que, para la zona no contigua del Pacífico (Alaska y Hawaii) el promedio para el mismo año fue de 17.9 centavos (Alaska 15.05 y Hawaii 19.83) y para Puerto Rico 21.5 centavos.
Con la reforma contributiva tenemos otro de los actos de sarcasmo mayor en materia de política económica característicos de esta administración que intenta seducir y enajenar con el llamado a la tregua y la fiesta. Como ejemplo de la regresividad o injusticia que augura esta reforma y otras por venir, para los 60,000 estudiantes de la UPR y sus familias, a la lluvia de dinero para los bolsillos que se aproxima habrá que restarle los $800 de la cuota pagadera en enero próximo. Como es una suma fija, no importa el nivel de ingreso, la cuota es regresiva, mientras menor nivel de ingreso mayor proporción la cuota representará del ingreso personal o familiar total del estudiante. Irrespectivamente de que la beca Pell la cubra o no, son $800 menos de ingreso. Vaya alivio para la clase media y trabajadora puertorriqueña.
La mayoría de las discusiones sobre la propuesta reforma contributiva ha perdido de vista lo más importante del proyecto que propone otorgar alivios a razón de $1,200 millones por año durante seis años, para un total de $7,200 millones si la propuesta es viable y sostenible. Esto lo que quiere decir es que las empresas afectadas por el arbitrio del 4% aprobado y las afectadas por el otro gravamen propuesto del 1% no podrán prevalecer legalmente en acciones contra los nuevos arbitrios, no reubicarán operaciones fuera de Puerto Rico, ni utilizarán precios de transferencia para desviar ganancias hacia otros destinos y pagar menos contribuciones en Puerto Rico, ni cabildearán efectivamente para neutralizar la nueva contribución. En otras palabras, el gobierno calculó acertadamente la tasa contributiva efectiva socialmente óptima, la que maximiza recaudos al estado provenientes de las empresas a las cuales aplican los nuevos arbitrios, sin promover la reubicación de la actividad económica principal, prácticas evasivas o evitativas de ese sector. De cumplirse estos requisitos esta administración, inadvertidamente, acaba de encontrar la solución para la crisis fiscal.
Sin embargo, si así de trascendente es el significado de haber identificado tan abundante fuente de financiamiento, así de superfluo es el propósito principal para el cual se implantará la propuesta reforma: el gasto personal. Las pasadas experiencias con el tipo de alivio contributivo propuesto de “más dinero para el bolsillo” no han funcionado. Durante los meses de junio-julio de 2008 el estímulo fiscal del presidente Bush inyectó $1,200 millones en Puerto Rico, acción que no pudo evitar que la economía continuara su descenso en esta recesión que va para su quinto año. En los Estados Unidos se ahorró un 80% de ese estímulo fiscal de 2008 (equivalente a guardarlos en el banco o pagar deudas) por lo que no tuvo el efecto deseado de estímulo del gasto y la producción. A raíz del huracán Georges, en septiembre de 1998, FEMA inyectó $1,376 millones en Puerto Rico, la economía creció brevemente por encima de la tendencia, para luego continuar su descenso empinado hacia la recesión de 2001. El estímulo fiscal de Obama no ha sido más efectivo en parte por la alta proporción de fondos asignada al gasto personal.
Las premisas keynesianas que fundamentan estas iniciativas, según las cuales un aumento en el gasto público daría inicio a un efecto multiplicador, estimulando la actividad económica con más producción, empleos e ingresos, al promover mayores niveles de gastos en consumo e inversión, no funcionan cuando se trata de una economía muy abierta, en la que la mayor parte de las mercancías para el consumo se importan, y con una psicología de crisis profundamente enraizada en los consumidores e inversionistas la cual promueve que el dinero adicional, en lugar de gastarse se ahorre, como medida de precaución ante la incertidumbre que arropa el panorama económico.
Aún suponiendo que la propuesta reforma contributiva contiene elementos en pro de la justicia distributiva para aliviar una carga contributiva injusta, mal distribuida, donde los que menos ganan son los que proporcionalmente más pagan, pregunto: ¿por qué los alivios tienen que ser para todo el mundo? ¿Acaso la riqueza y el ingreso estaban bien distribuidos antes de la crisis? El efecto de la crisis, ¿ha sido igual para todos los grupos en los distintos niveles de ingreso? ¿Por qué seguir aliviando la carga contributiva de los negocios que se benefician de más de 70 leyes de exenciones contributivas que anualmente representan más de $1,000 millones en subsidios? ¿Por qué aliviarle la carga contributiva a las empresas regulares que deducen 92 por ciento de sus ingresos brutos como gastos para tributar solo sobre el 8 por ciento restante? ¿Por qué una familia de dos proveedores y un dependiente, que tienen ingresos de $100,000 anuales, va a recibir durante los seis años de la reforma $38,000 en alivios cuando el que gana salario mínimo y obtiene $15,000 anuales solo recibirá $6,000, o la enfermera que gana $20,000 recibirá $8,000? ¿Quiénes necesitan más el alivio?
Para completar el cuadro, el presupuesto de gobierno para el año en curso contiene $2,000 millones en fondos no recurrentes provenientes del estimulo fiscal de Obama (ARRA) próximo a terminar, y de las emisiones de bonos de COFINA asignados al Fondo de Estabilización. Los recaudos de Hacienda reflejan que la tendencia a la baja continúa, presagiando que no hemos llegado al fondo de la crisis todavía y nada se habla del crecimiento económico, el gran ausente de la discusión. Cabe preguntar si esta reforma contributiva, además de proveer alivios generará el nivel de recaudos que necesita el gobierno para mantener operaciones a niveles adecuados proveyendo servicios y estimulando la economía. ¿De que sirve más consumo hoy si la recesión y la insuficiencia fiscal continuarán acabando con el empleo de miles de hombres y mujeres en un país donde solamente el 37 por ciento de la población en edad y condición para trabajar encuentra empleo formalmente? ¿Será la reforma contributiva el caballo de Troya para acabar de implosionar el sector público y con ello sepultar la posibilidad de una sociedad próspera y justa? ¿Tregua?
En lugar de la piñata que propone darle unos pesos a todo el mundo para gastos (Redondeado a 1 millón de planillas esto significa $1,200 anuales por contribuyente en promedio, aunque en esta “primera etapa” el promedio es de escasamente $306) los recursos fiscales identificados deben asignarse prioritariamente para la inversión en los pilares de la agenda urgente para el desarrollo sostenible del país: crecimiento económico inteligente, salud, educación, sistemas de retiro, transporte colectivo, energía renovable, comunidades especiales y restauración ambiental.
Ahora que esta administración aparenta haber encontrado el Dorado, no podemos darnos el lujo de botar $7,200 millones. Ante la previsible falta de efectividad en la asignación de recursos de la reforma contributiva propuesta, la consigna alternativa es “un dólar invertido en los pilares del desarrollo sostenible es mejor que un dólar gastado en cualquiera de las infinitas opciones de consumo que el mercado moderno ofrece”. La posibilidad de la tregua se encuentra única y exclusivamente en el cese y desista por parte de esta administración en su agenda macabra de saqueo y destrucción social para el país.
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