El Partido Nuevo Progresista se ha convertido en el partido natural de gobierno en Puerto Rico. Fundado en 1967 bajo el ideal de la estadidad en la sede del Colegio de Abogados, el PNP se ha consolidado electoralmente como la principal fuerza política de la isla. Desde las elecciones de 1992, el PNP sólo ha perdido el control legislativo en una sola elección (año 2000) y ha perdido la gobernación en dos ocasiones (año 2000 y 2004). Durante este período no ha bajado del 45% en la candidatura a la gobernación (Carlos Pesquera, año 2000), y ha alcanzado superar la barrera del 50% de los votantes en dos ocasiones (1996 y 2008). En las últimas elecciones prevaleció sobre el candidato a gobernador del Partido Popular Democrático por más de 225mil votos, dominó holgadamente en ambas cámaras legislativas y durante el cuatrienio se hizo con el control del Tribunal Supremo, último reducto de poder que había dominado el PPD desde la fundación del Estado Libre Asociado.
El dominio político logrado por el PNP en las últimas dos décadas se debe a su capacidad de conciliar el sector empresarial dominante en la isla con los sectores marginados de la sociedad puertorriqueña. La alianza entre estos sectores antagónicos se fundamenta en el manejo de la distribución de la renta entre las diferentes capas sociales a través de la sustitución del Estado de Bienestar local, pilar del modelo socioeconómico del PPD, por el estado asistencialista norteamericano. Mientras el Estado de Bienestar es adminsitrado por el estado para garantizar el acceso universal a servicios como la salud y la eduación, el estado asistencialista otorga “vouchers” a un porciento menor de la población para que acceda a servicios privados limitados. El ejemplo más claro fue la privatización de hospitales públicos para dar paso a una reforma subvencionada por el Estado, pero administrada por las aseguradoras privadas. Al final de la ecuación, los servicios prestados son pobres o limitados, pero las ganancias de las aseguradoras continúan aumentando.
La estrategia del PNP ha consistido en desmantelar la base productiva puertorriqueña, promoviendo la emigración, el empobrecimiento y la lumpenización del puertorriqueño, creando las condiciones objetivas para crear una mayoría estadista, conservadora y reaccionaria que los perpetúe en el poder. En la actualidad, toda la legislación ha ido a favor de las privatizaciones, desarticulación de las uniones y sindicatos, y la disminución de la nómina gubernamental. Todas las acciones van en contra del poder adquisitivo de los asalariados puertorriqueños para otorgar mayores incentivos a la inversión extranjera directa, representada por Wal Mart, Burger King, Mc Donalds, entre otros. Las farmacéuticas continúan cerrando, y destruyendo el empleo intensivo en trabajo diestro, mientras es sustituido por empleos en el sector de servicios, los cuales ofrecen bajos salarios y ninguna seguridad laboral.
El modelo progresista implantado por la nueva hegemonía electoral garantiza la creación de riqueza para los dueños de capital leales al partido, y para los inversionistas foráneos, mientras castiga a la clase trabajadora asalariada con nuevos impuestos, cuotas universitarias, destrucción ambiental, y megaproyectos de dudosa confiabilidad y resultados. El lumpen boricua (nombrados como “Nini” por la prensa local) es el que recibe un ingreso, alimento, casa y sustento sin trabajar ni aportar al Estado a la vez que están llamados para perpetuar este modelo cada cuatro años. De acuerdo a los últimos datos del Departamento del Trabajo, sólo el 42% de la población capaz de trabajar está en el mercado laboral, de los cuales el 17% está desempleado. En un país donde tres de cada diez trabaja, cuatro de cada diez están en el mercado laboral, y seis de cada diez recibe subsidios locales y/o federales, es obvio entender que para mantener la hegemonía política y electoral hay que mantener el subsidio de la pobreza del lumpen, mientras se castiga a la clase trabajadora para enriquecer a unos pocos.
Las altas tasas de asesinatos, el desempleo, la destrucción ambiental, el despojo de viviendas, las cuotas universitarias, la represión policial contra la disidencia, la emigración hacia otros estados, y la baja autoestima de los puertorriqueños son sólo algunas consecuencias visibles del modelo implantado por el PNP, el cual premia al 1% más ricos y a más del 60% subsidiado, mientras limita el poder adquisitivo de la clase trabajadora y las priva de empleos permanentes que permitan proyectar una vida sustentable a largo plazo.
Los trabajadores, profesionales, pequeños comerciantes, cooperativistas, tienen que reconocer que en la actualidad no representan una mayoría electoral en Puerto Rico. Esto no significa que no deban crear espacios políticos, por el contrario, la participación político-electoral es la que demuestra el defecto primario de nuestro sistema al no brindar justa representación a la clase social más productiva del país. Es momento de que los asalariados tomen conciencia de que son la fuerza de producción, la mano de obra que construye un país, que crea riqueza, y que busca el mejor porvenir colectivo. Las elecciones son una herramienta para adelantar propuestas, pero utilizar nuestro poder como fuerza de trabajo es la que nos llevará a la justicia social que buscamos en la actualidad y que perdure para futuras generaciones. La clase trabajadora puede romper con la hegemonía de un modelo injusto y construir uno basado en sus reivindicaciones, pero no lo logrará si se limita a depositar papeles en una cajita cada cuatro años. Rompiendo el paradigma, Otro Puerto Rico será posible.
El dominio político logrado por el PNP en las últimas dos décadas se debe a su capacidad de conciliar el sector empresarial dominante en la isla con los sectores marginados de la sociedad puertorriqueña. La alianza entre estos sectores antagónicos se fundamenta en el manejo de la distribución de la renta entre las diferentes capas sociales a través de la sustitución del Estado de Bienestar local, pilar del modelo socioeconómico del PPD, por el estado asistencialista norteamericano. Mientras el Estado de Bienestar es adminsitrado por el estado para garantizar el acceso universal a servicios como la salud y la eduación, el estado asistencialista otorga “vouchers” a un porciento menor de la población para que acceda a servicios privados limitados. El ejemplo más claro fue la privatización de hospitales públicos para dar paso a una reforma subvencionada por el Estado, pero administrada por las aseguradoras privadas. Al final de la ecuación, los servicios prestados son pobres o limitados, pero las ganancias de las aseguradoras continúan aumentando.
La estrategia del PNP ha consistido en desmantelar la base productiva puertorriqueña, promoviendo la emigración, el empobrecimiento y la lumpenización del puertorriqueño, creando las condiciones objetivas para crear una mayoría estadista, conservadora y reaccionaria que los perpetúe en el poder. En la actualidad, toda la legislación ha ido a favor de las privatizaciones, desarticulación de las uniones y sindicatos, y la disminución de la nómina gubernamental. Todas las acciones van en contra del poder adquisitivo de los asalariados puertorriqueños para otorgar mayores incentivos a la inversión extranjera directa, representada por Wal Mart, Burger King, Mc Donalds, entre otros. Las farmacéuticas continúan cerrando, y destruyendo el empleo intensivo en trabajo diestro, mientras es sustituido por empleos en el sector de servicios, los cuales ofrecen bajos salarios y ninguna seguridad laboral.
El modelo progresista implantado por la nueva hegemonía electoral garantiza la creación de riqueza para los dueños de capital leales al partido, y para los inversionistas foráneos, mientras castiga a la clase trabajadora asalariada con nuevos impuestos, cuotas universitarias, destrucción ambiental, y megaproyectos de dudosa confiabilidad y resultados. El lumpen boricua (nombrados como “Nini” por la prensa local) es el que recibe un ingreso, alimento, casa y sustento sin trabajar ni aportar al Estado a la vez que están llamados para perpetuar este modelo cada cuatro años. De acuerdo a los últimos datos del Departamento del Trabajo, sólo el 42% de la población capaz de trabajar está en el mercado laboral, de los cuales el 17% está desempleado. En un país donde tres de cada diez trabaja, cuatro de cada diez están en el mercado laboral, y seis de cada diez recibe subsidios locales y/o federales, es obvio entender que para mantener la hegemonía política y electoral hay que mantener el subsidio de la pobreza del lumpen, mientras se castiga a la clase trabajadora para enriquecer a unos pocos.
Las altas tasas de asesinatos, el desempleo, la destrucción ambiental, el despojo de viviendas, las cuotas universitarias, la represión policial contra la disidencia, la emigración hacia otros estados, y la baja autoestima de los puertorriqueños son sólo algunas consecuencias visibles del modelo implantado por el PNP, el cual premia al 1% más ricos y a más del 60% subsidiado, mientras limita el poder adquisitivo de la clase trabajadora y las priva de empleos permanentes que permitan proyectar una vida sustentable a largo plazo.
Los trabajadores, profesionales, pequeños comerciantes, cooperativistas, tienen que reconocer que en la actualidad no representan una mayoría electoral en Puerto Rico. Esto no significa que no deban crear espacios políticos, por el contrario, la participación político-electoral es la que demuestra el defecto primario de nuestro sistema al no brindar justa representación a la clase social más productiva del país. Es momento de que los asalariados tomen conciencia de que son la fuerza de producción, la mano de obra que construye un país, que crea riqueza, y que busca el mejor porvenir colectivo. Las elecciones son una herramienta para adelantar propuestas, pero utilizar nuestro poder como fuerza de trabajo es la que nos llevará a la justicia social que buscamos en la actualidad y que perdure para futuras generaciones. La clase trabajadora puede romper con la hegemonía de un modelo injusto y construir uno basado en sus reivindicaciones, pero no lo logrará si se limita a depositar papeles en una cajita cada cuatro años. Rompiendo el paradigma, Otro Puerto Rico será posible.
No comments:
Post a Comment