La Resolución de la Junta de Gobierno del PPD del pasado 18 de enero no debe sorprender a nadie. No sólo ya hacía tiempo que el liderato de ese partido venía dando claras señales de sus aspiraciones en cuanto al estatus de Puerto Rico, sino que por la extrema ambiguedad con que el concepto de "soberanía" se había venido manejando por todas las estructuras del PPD (incluyendo la famosa Resolución de la Asamblea General en el 2008), resultaba más que obvia la ausencia de un interés genuino por ponerle final a nuestra situación colonial (para una discusión, ver aquí y aquí). Si a eso le sumamos la visión del ELA Soberano recientemente defendida por uno de los principales ideólogos del "ala soberanista" de ese partido en El ELA que Queremos (un ELA "Soberano" en el cual aplicarían en Puerto Rico leyes y reglamentos federales, y operarían en la isla agencias y tribunales estadounidenses), y el apoyo de la delegación popular a la Resolución 861 del Senado, la determinación de la Junta de Gobierno aparece simplemente como una de las más recientes y conservadoras de una serie de expresiones a favor del colonialismo.
Sin embargo, vale la pena referirse brevemente a un aspecto de la antes mencionada Resolución. Me refiero al hecho de que ahora, el la Junta de Gobierno del PPD se dispone a justificar su visión del ELA a base de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1970). Dice la Junta de Gobierno que la definición del ELA deberá estár fundamentada en "la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece y reconoce cuatro alternativas válidas para las relaciones políticas entre los pueblos, a saber: la anexión de un país a otro, la independencia, la libre asociación entre dos pueblos o cualquiera otra condición política libremente decidida por ambos pueblos en común acuerdo, siendo esta última la que el PPD reclama para el desarrollo futuro del ELA".
En otras palabras, el PPD alega que el derecho internacional reconoce una "cuarta opción", y que esa cuarta opción (que no es ni la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación), es la que ellos favorecen. Además, indican que, en el contexo de esa cuarta opción, lo importante es que el estatus político sea libremente decidido por ambos pueblos. Y ya sabemos que lo que ellos favorecen es "decidir libremente" a favor del coloniaje, es decir, que se opte por una relación en la cual, en el mejor de los casos, Puerto Rico seguría sometido a una serie de leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Antes de decir porque la referencia a la Resolución 2625 para justificar una relación de subordinación política es en extremo desacertada (sino disparatada), es importante repetir lo que hemos indicado en otras ocasiones: el derecho internacional y las determinaciones de las Naciones Unidas no deben verse como una especie de oráculo para diferenciar entre el colonialismo y la descolonización. Recordemos que a mediados del siglo pasado las Naciones Unidas le dio el visto bueno al ELA, y que ese fue por años el derecho interacional vigente.
Ahora bien, la referencia que hace la Junta de Gobierno del PPD a la Resolución 2625 es disparatada aún en los propios términos del derecho internacional. Si bien dicha Resolución de la ONU reconoce que puede haber una fórmula de estatus distinta a la independencia, la estadidad, y la libre asociación consistente con el derecho a la libre determinación, dicha "cuarta opción" no puede ser una forma de subordinación política. Para ser consistente con el derecho a la libre determinación esa "cuarta opción" podría ser, por ejemplo, una confederación conformada por la ex-metrópoli y la ex-colonia, pero nunca una nueva relación colonial. En otras palabras, el ejercicio del derecho a la libre determinación no puede utilizarse para consentir al colonialismo, para entregarle la soberanía a un poder extranjero, no importa cuan "libremente" se tome la decisión. La razón es sencilla, y es que tal consentimiento no es compatible con el objetivo mismo de la libre determinación: facilitar la descolonización. La propia Resolución 2625 lo expresa claramente, al señalar que es un deber de todos los Estados: "poner fin rápidamente al colonialismo". Es tan absurda la nueva posición del PPD y su uso de la Resolución 2625 que si la tomáramos por buena, entonces el ELA de 1952 podría entenderse como la "la cuarta opción" que los puertorriqueños podrían "aceptar libremente para terminar con el colonialismo".
¿Y qué significa "ponerle fin al colonialismo"? Cómo mínimo (es decir, en términos legales), ponerle fin al colonialismo significa abolir el poder de la metrópoli de adoptar leyes para la colonia. Todo parece indicar que para liderato del PPD, la llamada "cuarta opción" incluye la aplicación de leyes y reglamentos de los Estados Unidos en la isla a cambio de la obtención de ciertos poderes y privilegios, como por ejemplo, el que Puerto Rico no esté sujeto a las leyes de cabotaje o que pueda entrar en tratados internacionales con otros países (una clara manifestación de esa posición es la reciente propuesta del PPD para que se enmendara la Ley de Relaciones Federales, que inexplicablemente pasó desapercibida en el país y en los sectores soberanistas de ese partido). En otras palabras, la Junta de Gobierno pretende ejercer el derecho a la libre determinación para someterse al poder de otro país, ejercer un derecho cuyo propósito es acabar con el colonialismo para entrar en una renovada relación colonial; un desafortunado malabarismo que solo puede ocurrírsele a aquellos de la más estrecha mentalidad colonial.
Sin embargo, vale la pena referirse brevemente a un aspecto de la antes mencionada Resolución. Me refiero al hecho de que ahora, el la Junta de Gobierno del PPD se dispone a justificar su visión del ELA a base de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1970). Dice la Junta de Gobierno que la definición del ELA deberá estár fundamentada en "la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece y reconoce cuatro alternativas válidas para las relaciones políticas entre los pueblos, a saber: la anexión de un país a otro, la independencia, la libre asociación entre dos pueblos o cualquiera otra condición política libremente decidida por ambos pueblos en común acuerdo, siendo esta última la que el PPD reclama para el desarrollo futuro del ELA".
En otras palabras, el PPD alega que el derecho internacional reconoce una "cuarta opción", y que esa cuarta opción (que no es ni la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación), es la que ellos favorecen. Además, indican que, en el contexo de esa cuarta opción, lo importante es que el estatus político sea libremente decidido por ambos pueblos. Y ya sabemos que lo que ellos favorecen es "decidir libremente" a favor del coloniaje, es decir, que se opte por una relación en la cual, en el mejor de los casos, Puerto Rico seguría sometido a una serie de leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Antes de decir porque la referencia a la Resolución 2625 para justificar una relación de subordinación política es en extremo desacertada (sino disparatada), es importante repetir lo que hemos indicado en otras ocasiones: el derecho internacional y las determinaciones de las Naciones Unidas no deben verse como una especie de oráculo para diferenciar entre el colonialismo y la descolonización. Recordemos que a mediados del siglo pasado las Naciones Unidas le dio el visto bueno al ELA, y que ese fue por años el derecho interacional vigente.
Ahora bien, la referencia que hace la Junta de Gobierno del PPD a la Resolución 2625 es disparatada aún en los propios términos del derecho internacional. Si bien dicha Resolución de la ONU reconoce que puede haber una fórmula de estatus distinta a la independencia, la estadidad, y la libre asociación consistente con el derecho a la libre determinación, dicha "cuarta opción" no puede ser una forma de subordinación política. Para ser consistente con el derecho a la libre determinación esa "cuarta opción" podría ser, por ejemplo, una confederación conformada por la ex-metrópoli y la ex-colonia, pero nunca una nueva relación colonial. En otras palabras, el ejercicio del derecho a la libre determinación no puede utilizarse para consentir al colonialismo, para entregarle la soberanía a un poder extranjero, no importa cuan "libremente" se tome la decisión. La razón es sencilla, y es que tal consentimiento no es compatible con el objetivo mismo de la libre determinación: facilitar la descolonización. La propia Resolución 2625 lo expresa claramente, al señalar que es un deber de todos los Estados: "poner fin rápidamente al colonialismo". Es tan absurda la nueva posición del PPD y su uso de la Resolución 2625 que si la tomáramos por buena, entonces el ELA de 1952 podría entenderse como la "la cuarta opción" que los puertorriqueños podrían "aceptar libremente para terminar con el colonialismo".
¿Y qué significa "ponerle fin al colonialismo"? Cómo mínimo (es decir, en términos legales), ponerle fin al colonialismo significa abolir el poder de la metrópoli de adoptar leyes para la colonia. Todo parece indicar que para liderato del PPD, la llamada "cuarta opción" incluye la aplicación de leyes y reglamentos de los Estados Unidos en la isla a cambio de la obtención de ciertos poderes y privilegios, como por ejemplo, el que Puerto Rico no esté sujeto a las leyes de cabotaje o que pueda entrar en tratados internacionales con otros países (una clara manifestación de esa posición es la reciente propuesta del PPD para que se enmendara la Ley de Relaciones Federales, que inexplicablemente pasó desapercibida en el país y en los sectores soberanistas de ese partido). En otras palabras, la Junta de Gobierno pretende ejercer el derecho a la libre determinación para someterse al poder de otro país, ejercer un derecho cuyo propósito es acabar con el colonialismo para entrar en una renovada relación colonial; un desafortunado malabarismo que solo puede ocurrírsele a aquellos de la más estrecha mentalidad colonial.
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