Parte 1: "Los enredos de El ELA que Queremos (y cómo evitarlos)"

Este artículo fue escrito por Joel Colón Ríos y publicado en la edición de Claridad del 4 febrero de 2010. Lo hemos dividido en dos partes.

La reciente publicación de El ELA que Queremos ha creado una crisis en el llamado movimiento “soberanista”. El planteamiento de su autor, el Lcdo. Ramón Luis Nieves, de que en un Puerto Rico soberano seguirían aplicando “leyes y reglamentos federales”, así como operando en la isla agencias y tribunales estadounidenses, le ha caído como un balde de agua fría a aquellos que apostaban a una alianza entre los “soberanistas” del PPD y el movimiento independentista. A pesar de que es obvio que hay una confusión muy grande en el uso del concepto de “soberanía” por el Lcdo. Nieves, aún no se ha identificado con precisión la raíz del problema. Es decir, ¿qué es lo que le permite al Lcdo. Nieves ser “soberanista” y colonialista a la misma vez, sin ni siquiera darse cuenta de que hay algo extraño en sus argumentos?


El problema, al menos en parte, surge de la propia definición de soberanía que ha sido aceptada una y otra vez por independentistas y libre-asociacionistas. En su versión más utilizada, la definición es la siguiente: “La soberanía es el derecho de un pueblo a organizarse políticamente sin intervención extranjera”. Técnicamente esta definición es correcta, y no debería causar problema alguno. Pero en un país en donde el colonialismo ha calado tan hondo, una definición como esa es un semillero de confusiones. Como podrá apreciar el lector, dicha definición no contiene criterio alguno para determinar qué tipo de “organización política” es consistente con la idea misma de soberanía. Es decir, no nos provee las herramientas para poder explicar por qué es que un pueblo no puede decidir, aunque en términos formales lo haga libre de intervención extranjera, subordinarse políticamente a otro país y seguir siendo soberano.

Esa ambigüedad en la definición antes citada es precisamente lo que le permite al Lcdo. Nieves defender el colonialismo y la “soberanía” a la misma vez: sólo le basta con argumentar que en el ejercicio de su soberanía el pueblo de Puerto Rico puede delegarle a Estados Unidos el poder de continuar regulando ciertos aspectos de nuestras vidas a través de leyes y reglamentos federales. El problema se complica cuando a esa definición de soberanía se le añade lo siguiente: “En el ejercicio de la soberanía el pueblo puede escoger ser un país independiente, integrarse a un país independiente, o asociarse libremente”. De nuevo, técnicamente, no hay nada incorrecto en esta idea. Sin embargo, lo que abona a la confusión es que a lo que nos estamos refiriendo aquí con el término “soberanía” no es otra cosa que al derecho a la libre determinación.

No hay duda de que la soberanía y la libre determinación están directamente relacionadas, pero para evitar confusiones, es mejor llamarle libre determinación al acto de seleccionar entre alternativas de status. La razón es sencilla. Si la soberanía y el derecho a la libre determinación se tratan como sinónimos, entonces ¡todos somos soberanistas! No hay nadie en Puerto Rico que diga que no tenemos el derecho a seleccionar libremente nuestro estatus político. Hasta los defensores más acérrimos del colonialismo defienden ese derecho, pero piensan que debemos optar por seguir siendo una colonia (este es el caso de la Resolución de 18 de enero de 2010 de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático). Ahora bien, si el problema surge de la manera en que se ha estado manejando el concepto de soberanía por algunos sectores, la solución requiere una definición que no sea susceptible de ser apropiada (y distorsionada) por aquellos que trágicamente han sido seducidos por los partidos coloniales...

Para leer la segunda parte del escrito, oprime aquí.